La definición establecida en el Decreto 2555 de 2010 de los fondos de inversión colectiva resalta su carácter de instrumentos de captación de recursos aportados por el público inversionista cuya administración común tiene como objetivo la consecución de resultados económicos colectivos. En la práctica, con el fin de asegurar la liquidez para conseguir el objeto del fondo, y el cumplimiento en la entrega de los recursos por parte de los inversionistas, se utilizan los compromisos de inversión, de los cuales se derivan obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de los inversionistas.

Estos compromisos de inversión se caracterizan principalmente por establecer la obligación en cabeza de los inversionistas de desembolsar los recursos necesarios para el óptimo desarrollo del objeto del fondo. Esta obligación de dar se materializa mediante el cumplimiento de un llamado de capital realizado por la sociedad administradora en representación del fondo que, generalmente, está condicionado a una necesidad de liquidez del fondo o a una periodicidad determinada con anterioridad.

Como consecuencia de lo anterior, el compromiso de inversión pretende prestar mérito ejecutivo ante un eventual incumplimiento por parte de los inversionistas en su deber de atender el llamado de capital realizado por el fondo. Para predicar el carácter de título ejecutivo, la obligación debe ser clara, expresa y exigible, de conformidad con los requisitos consagrados en el artículo 422 del Código General del Proceso. Ahora bien, partiendo del desarrollo jurisprudencial[1] respecto del requisito de exigibilidad, es necesario que se trate de una obligación pura y simple ya declarada, es decir, que no se encuentre sujeta a un plazo o condición.

A su vez, el ordenamiento jurídico colombiano distingue entre dos tipos de título ejecutivo: (i) de carácter simple y (ii) de carácter complejo, este último entendido como aquel que se compone de un conjunto de documentos.

En el caso particular de los compromisos de inversión, estos podrían considerarse como títulos ejecutivos simples o complejos dependiendo de la referencia que se haga en los mismos a documentos distintos a dicho compromiso. Así, si en el compromiso de inversión se hace referencia al reglamento del fondo, podría ser clasificado como un título ejecutivo complejo; mientras que, si no se menciona el reglamento u otros documentos, podría ser clasificado como un título ejecutivo simple.

Esta clasificación es fundamental ya que un proceso fundamentado en un título ejecutivo complejo puede tardarse alrededor de tres (3) a cinco (5) años. Por otro lado, un proceso que verse sobre un título ejecutivo simple se caracteriza por su celeridad y poca inversión de tiempo y recursos debido a su baja carga probatoria y, usualmente, se toma en promedio de dos (2) a tres (3) años.

Teniendo en cuenta lo anterior, se estaría en presencia de un compromiso de inversión con características de título ejecutivo en la medida en que se hace exigible la obligación contenida en el compromiso de inversión una vez se cumplan los supuestos para realizar el llamado de capital.

En síntesis, los compromisos de inversión son herramientas para facilitar y garantizar el desembolso del capital necesario para el correcto desarrollo del objeto del fondo. Independientemente de que el compromiso de inversión haga referencia o no a otros documentos, lo cierto es que, si es diseñado apropiadamente, cumple con los requisitos del Código General del Proceso para ser considerado un título ejecutivo, ya sea simple o complejo, al contener obligaciones claras, expresas y exigibles. Por consiguiente, en caso de incumplimiento de un llamado de capital por parte de un inversionista, es posible exigir el cumplimiento de la obligación por vía ejecutiva.

Sin perjuicio de lo anterior, la calidad de título ejecutivo de los compromisos de inversión es un tema que al día de hoy sigue siendo ampliamente discutido al no contar con regulación ni jurisprudencia específica al respecto.

[1] Corte Constitucional. Sentencia T-747 de 2013. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt.

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