Para los Fondos de Capital Privado y sus inversionistas, es relevante estar a la vanguardia respecto de la normatividad existente, con el fin de definir estratégicamente los objetivos de su inversión conforme al marco normativo colombiano. De tal manera, también les es de gran interés revisar los futuros avances normativos, con el fin de adaptarse a tiempo a esos cambios, sin que los riesgos a los que se enfrentan se vean afectados considerablemente.

Al respecto, la Unidad de Regulación Financiera (“URF”) ha previsto publicar cada año una agenda normativa y plan de trabajo para el año por venir, de tal forma que los actores del mercado financiero estén conscientes de los próximos ajustes y puedan incluso presentar comentarios al respecto. En ese sentido, el día 30 de septiembre del presente año, la URF publicó su propuesta de Agenda Normativa 2022, frente a la cual se podrán presentar comentarios hasta el día 29 de octubre.

Por supuesto, la agenda normativa toca varios puntos respecto del sistema financiero, tales como el fomento de la inclusión financiera y la consolidación de la seguridad y estabilidad financiera. Sin embargo, respecto de los Fondos de Capital Privado, se resaltan los siguientes puntos:

1. Reglamentación de la Ley 2112 de 2021.

 Se debe recordar que la Ley 2112 de 2021 consagra una modificación a la Ley 100 de 1993, en el sentido de señalar que los fondos de pensiones deberán invertir como mínimo un 3% de sus recursos en fondos de capital privado y/o deuda privada, incluidos los fondos que invierten en fondos de capital privado y/o deuda privada, siempre y cuando esos recursos sean invertidos en empresas colombianas o proyectos productivos en Colombia a fin de fortalecer el emprendimiento y tejido empresarial del país.

Adicionalmente, la Ley indica que ese porcentaje mínimo deberá obtenerse dentro de los próximos dos años y que las Sociedades Administradoras de Fondos de Capital Privado y gestores profesionales de Fondos de Capital Privado deberán reportar trimestralmente a la Superintendencia Financiera (“SFC”) el estricto cumplimiento del reglamento que establezca el Gobierno nacional y sus propias políticas de inversión.

Así pues, la Agenda Normativa de la URF busca reglamentar la mencionada Ley con el fin de promover el mejoramiento de las condiciones de riesgo y el retorno de los portafolios administrados, además de fijar las condiciones de seguridad que deben cumplir las administradoras de los fondos.

Se espera entonces que para el año 2022 la URF presente una propuesta respecto de esa reglamentación, frente a la cual deberán estar muy atentas las Sociedades Administradoras de Fondos de Capital Privado, los gestores profesionales y los inversionistas.

2. Fortalecimiento del marco institucional

Siguiendo en línea con lo propuesto en el Proyecto de Ley 413 de 2021, se busca robustecer el marco institucional del sistema financiero añadiendo facultades tanto para la URF como para la SFC. Por un lado, la URF busca ampliar su capacidad operativa, tecnológica y de capital humano y, por otro lado, se pretende ampliar las funciones jurisdiccionales de la SFC, así como también, actualizar su régimen sancionatorio.

Para ampliar la capacidad de la URF se estructurará una contribución especial a favor de la URF a cargo de: entidades que para adelantar sus actividades tengan como requisito la autorización de la SFC, emisores de valores, entre otras. Adicionalmente, la URF tendrá la función de solicitud de información a entidades que realicen actividades financieras, bursátil, aseguradora o cualquier actividad que implique manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público.

Con respecto a las modificaciones del régimen sancionatorio de la SFC, este nuevo Proyecto de Ley incluye sanciones por la reincidencia en la comisión de la infracción. A su vez, se incluyen agravantes de las sanciones a imponer por la SFC, la comisión de infracciones por medio, con la participación o en beneficio de personas sometidas a la inspección, vigilancia y control de la SFC y además, que la infracción recaiga sobre disposiciones de prevención de conductas delictivas contenidas en el Capítulo XVI de la Parte Tercera del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (“EOSF”). Como atenuantes de las conductas se incluyen la adopción voluntaria de medidas efectivas para corregir los hechos que dieron lugar a la infracción y la colaboración y entrega oportuna de información necesaria para determinar la responsabilidad de las demás personas implicadas en la comisión de la infracción investigada.

En adición a lo anterior, se pretende fortalecer las facultades jurisdiccionales de la SFC mediante la facultad de reconocer presupuestos de ineficacia, la creación de una acción de responsabilidad por indebida revelación de información en el mercado de valores, la ampliación de las facultades jurisdiccionales en materia pensional, la faculta de conciliación extrajudicial, entre otras facultades que buscan ampliar el espectro de actuación de la SFC en el ámbito financiero, de valores y pensional.  Por último, se modifica el régimen sancionatorio incluido en el EOSF añadiendo infracciones y modificando el procedimiento sancionatorio.

En conclusión, la propuesta de Agenda Normativa de la URF presenta un interés en reglamentar ciertos asuntos relevantes para los Fondos de Capital Privado, por lo cual los actores dentro de este mercado deberán estar atentos con el fin de ajustarse a esos cambios y, de ser el caso, presentar comentarios a las propuestas normativas, de tal forma que puedan darle la visión práctica al regulador, buscando de esta manera proteger sus intereses.